"Hay algunos que nunca tendremos derecho a ser resarcidos"

Hay algunos que nunca tendremos derecho a ser resarcidos

“Da igual que te caiga un rayo en un cuartel o que sufras un accidente en unas maniobras con explosivos caducados, cuya vida útil prolongó el propio Ejército. ¿Cómo asume el Estado la responsabilidad patrimonial en los accidentes militares? De ninguna manera”.

Las conclusiones que saca el teniente de Infantería de Marina José Manuel Candón son contundentes tras más de seis años de lucha judicial y de duras secuelas, físicas y psicológicas que no le dejarán tener una vida normal jamás.

El teniente Candón es uno de los dos supervivientes de una grave explosión en el Campo de Tiro de “El Palancar” en la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra mientras realizaba una maniobra preparatoria para salir de misión a Líbano en febrero de 2011. El ejercicio consistía en la destrucción de ocho minas contra carro con una carga hueca situada sobre las minas, lo que provocaría un dardo incandescente y su detonación, todo ello mediante línea y detonador eléctricos. Sin embargo, la detonación se produjo antes de tiempo. Las minas, según un informe de los TEDAX de la Guardia Civil, estaban caducadas. Cinco de sus compañeros murieron. El teniente Candón y otro compañero resultaron gravemente heridos.

Imágenes tras el accidente de Hoyo de Manzanares, en las que se ve a militares que acuden en ayuda de sus compañeros accidentados. | Archivo

Pese a las pruebas e informes favorables, el teniente no ha conseguido que la Administración le dé una indemnización por la mala praxis de, en este caso, el Ministerio de Defensa, que reconocería esa responsabilidad patrimonial del Estado. Hace apenas un mes, el teniente Candón recibió el último varapalo de su calvario: la Audiencia Nacional dictó una sentencia en la que no solo no le reconoce el derecho a recibir esa compensación sino que le condena a pagar las costas del proceso judicial por entender que buscaba un “enriquecimiento injusto” y de acreditar “sin el detalle que hubiera sido deseable” ante el tribunal “la gravedad de las secuelas” tanto físicas como sociales y psicológicas derivadas de la tragedia.

Las imágenes sobre su estado físico hablan por sí solas; el camino recorrido por su esposa y su hija de apenas cuatro años cuando ocurrió el suceso, difíciles de imaginar. La propia evaluación de la Junta de Evaluación Permanente le reconoce un grado de discapacidad del 97%, tras más de 30 operaciones, una prótesis en uno de sus ojos y visión parcial en el otro y restos de metralla por todo su cuerpo.

Reconocimiento de la responsabilidad patrimonial

El teniente Candón comenzó su particular batalla para que se reconociera la culpa del Estado con una reclamación ante el Ministerio de Defensa. En ese momento, el instructor del expediente y el interventor general sí reconocieron esa responsabilidad y fijaron la cantidad indeminizatoria en 600. 000 euros, frente a los 1. 042. 143,11 euros que pedía el demandante. Sin embargo, tras “el informe contrario del Asesor Jurídico General y el dictamen negativo del Consejo de Estado”, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, en diciembre de 2015, cuatro años y medio después del siniestro, desestimó la reclamación. “El asesor jurídico general depende directamente del ministro de Defensa”, explica el teniente a este diario “y el Consejo de Estado siempre rechaza las indemnizaciones superiores a 50. 000 euros”.

Después de la negativa de Morenés, fue cuando el teniente Candón acudió a la Audiencia Nacional para recurrir la resolución y seguir batallando. La sentencia de la Audiencia Nacional asume esa responsabilidad patrimonial en el accidente pero desestima otorgar la indemización ya que “los daños sufridos han sido resarcidos por los medios específicos de reparación”. La Sala Quinta de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional recuerda que el teniente Candón tiene una pensión extraordinaria y recibió el seguro concertado por el Ministerio de Defensa, cantidades que se consideran suficientes. "Teniendo en cuenta lo que se lleva expuesto, la Sección comparte el criterio de la Administración de que las cantidades y sumas percibidas y a percibir por el demandante cubren el daño por el que se reclama, sin que se haya acreditado una insuficiencia de la reparación que deba ser cubierta por la vía del instituto de la responsabilidad patrimonial, lo que conduce a la desestimación del recurso contencioso-administrativo", zanja la sentencia.

Lo que ocurre es que hay algunos que no tenemos derecho a ser resarcidos pese a que se ha reconocido la culpa

“Entonces, ¿qué diferencia hay entre un accidente cualquiera y uno en el que las minas, de una empresa de la que el ministro había sido directivo, estaban caducadas?”, se pregunta con indignación el teniente Candón. Si existe esa responsabilidad patrimonial, defiende, es para algo. “¿Dónde está el resarcimiento del daño en este caso? Lo que ocurre es que hay algunos que no tenemos derecho a ser resarcidos pese a que se ha reconocido la culpa”, reclama, indignado. “No puede ser que el cometer indirectamente cinco asesinatos sea gratuito”, sentencia, en referencia a las resoluciones de los recursos realizados por las familias de los cinco militares fallecidos en el siniestro.

El teniente ha sido operado más de 30 veces y necesita atención médica y cuidados farmacéuticos constantes. Las secuelas de la explosión están por todo su cuerpo. | ED

“Prefiero morir con un árbol en el Retiro que en acto de servicio”, asegura Candón, en referencia a un militar fallecido tras caerle un árbol. En ese caso, la Justicia ordinaria le reconocido a su familia una indemnización de 710. 000 euros, además la pensión y el seguro colectivo. “Somos las víctimas de un accidente peor pagadas”, se queja. Además, muestra las sentencias de varios casos de militares y guardias civiles en los que sí que se reconoce esa compensación económica por responsabilidad patrimonial, ante lo que no se explica que no pueda reconocerse en su caso.

El teniente Candón sospecha que puede existir la posibilidad de que no se reconozca la indemnización porque “los del Yak vendrían después”. “Hay familias de aquella tragedia que están valorando acudir a reclamar la Justicia una indemnización” que, si se les concediera a las víctimas y familiares de Hoyo, crearía un precedente y jurisprudencia de la que podrían echar mano.

Casación ante el Supremo y carta a la ministra

Pero no todo está perdido para el teniente Candón. La dura sentencia de la Audiencia Nacional permite aún acudir al Tribunal Supremo mediante un recurso de casación, una “auténtica esperanza” explica, ya que será el primer órgano judicial que no tenga una vinculación con la justicia militar. “Nuestra esperanza es que la sociedad, a través del Tribunal Supremo, corrija los errores de la Administración de Justicia Militar y de la sala militar de la Audiencia Nacional”, indica, esperanzado, el teniente Candón a este diario.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, donde presentará el recurso, se encarga de todo tipo de asuntos y no solo los relacionados con el ámbito militar. “Desde casos de bomberos u otros funcionarios a cualquier tipo de empresa” y ahí, insiste, “existe jurisprudencia a nuestro favor”.

Pero además de la vía legal el teniente Candón se ha dirigido a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, con una carta en la que le explica su caso paso por paso, las resoluciones judiciales y le pide que “situaciones como las vividas no vuelvan a repetirse en un futuro”. Además, insta a la ministra a que “tenga en consideración tras la lectura del presente escrito a la hora de fundamentar futuras decisiones”.

Por el momento, el teniente Candón, que asegura le ha hecho llegar la misiva a la ministra por varias vías, no ha obtenido respuesta, pero continuará intentando tener un reconocimiento justo a su trágica situación.

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Tags: #ldquo #rdquo #teniente #candón #responsabilidad #patrimonial #esa #estado

2017-5-30 22:37

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