Intervencionismo hipertrofiado

Hace unos días el diputado socialista Díaz Villoslada denunciaba que en 2017 no se aprobaron en Galicia la mitad de las leyes que estaban previstas. Hemos llegado a un punto en que la cuestión ya no es el contenido de una determinada norma sino el hecho de producirla.

Esa tendencia al intervencionismo hipertrofiado acaba llevando a que un 30 de diciembre el Estado publique 972 páginas en el BOE. Esa diarrea legislativa se ha convertido en una de las patologías más graves de nuestro sistema político. La CEOE denunció hace unos meses que entre 1970 y 2016 se aprobaron en España 41. 336 normas estatales. Y a eso habría que sumar las directivas o reglamentos europeos y las leyes y decretos de ámbito autonómico. Para que se vayan haciendo una idea de la borrachera normativa en la que estamos atrapados: en 2016 el Diario Oficial de Galicia sumó 56. 579 páginas. Tal vez cabría preguntarse si políticos como Juan Díaz Villoslada han tenido siquiera tiempo suficiente para leer el DOG. Quizás si lo hubiesen hecho no estarían preocupados porque acabase el 2017 sin que se hayan aprobado cinco o seis leyes más.

El problema no es solo de volumen. Ni es exclusivo de este país. En Suiza esta semana han prohibido por ley cocinar las langostas tirándolas en agua hirviendo. Dada la consolidada tradición de legislar sobre las cuestiones más peregrinas tampoco sería extraño que nos acabásemos encontrando una norma así en el BOE. De hecho, no produce ningún escándalo la predisposición generalizada en todo tipo de administraciones a regular y codificar conductas personalísimas de la esfera privada de los ciudadanos que no colisionan con ningún derecho de un tercero.

Es el caso de la actual moda de legislar contra el tabaco. No se trata de discutir la norma que prohíbe fumar en una cafetería. Ese sería otro debate. La cuestión es la tendencia a inmiscuirse en hábitos estrictamente privados. Esta misma semana la Organización Médica Colegial y el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo les han planteado a los grupos políticos subir el precio de la cajetilla. Y hasta hay quien puso como ejemplo los 16 euros que cuesta el paquete en Australia. La cuestión ya no es que esa conducta afecte a un tercero, fumador pasivo, que sufra los efectos nocivos del fumador activo, en cuyo caso sería comprensible que se entrase a regular la colisión de derechos. La cuestión es que se pretende coartar también la libertad de un ciudadano que decide consumir a solas en su casa un producto que hoy por hoy es legal. Y ello revela otra de las características de este intervencionismo hipertrofiado que sufrimos. Sus costosas consecuencias. Por seguir el ejemplo: se está dando la batalla contra un sector que, según algunos estudios recientes, genera el 4,5% de la recaudación tributaria de la Administración del Estado, es responsable de casi 1% del PIB nacional y genera unos 60. 000 empleos en España.

En cualquier caso, y al margen de este mero ejemplo llevado al extremo, la hiperinflación legislativa, que parecen defender diputados como Villoslada, solo genera costes innecesarios y lastra la competitividad. Cuánto mejor nos iría si en vez de preocuparnos porque el año termina sin que se hayan aprobado media docena de leyes nos fijásemos en qué materias se legisla y para qué. .

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2018-1-14 00:43