Jorge Rodríguez deja la Diputación de Valencia y delega la alcaldía de Onteniente

Pasados cinco días de su detención, Jorge Rodríguez anunció ayer que dimitía como presidente de la Diputación de Valencia. Lo volvía a hacer con una puesta en escena similar a la organizada el viernes en el Ayuntamiento de Onteniente, del que es alcalde, después de que un correo enviado desde el propio Consistorio instara a los trabajadores a recibirle para prestarle su apoyo.

Al grito de «Jorge, Jorge», entre aplausos de los suyos, Rodríguez intervino en una comparecencia sin preguntas rodeado del grupo socialista, aunque con ausencias.

«Podremos haber metido la pata, pero no hemos metido la mano. Podemos haber sido torpes, pero no ladrones», afirmó, admitiendo que podrían haber tenido lugar irregularidades administrativas pero manifestando su «inocencia» penal.

Deja la presidencia y el acta, pero no la alcaldía. Al menos por el momento. La vía intermedia por la que ha optado es delegarla temporalmente en funciones a su mano derecha, Rebeca Torró, quien abandona la dirección general de la Consejería de Vivienda para cubrir el hueco en la corporación como diputada provincial. El mensaje del alcalde es que lo hace con fecha de caducidad para prepararse su defensa, aunque nadie se aventura a poner fechas.

Ahora se abre un plazo de menos de un mes para que la sustitución sea efectiva. También se tendrá que votar al nuevo presidente de la Diputación, puesto para el que el PSPV-PSOE ha propuesto a Toni Gaspar. Todo apunta a que Compromís no se opondrá, aunque sí condicionará su apoyo al vaciado de la empresa pública Divalterra, epicentro de otro supuesto caso de corrupción.

División en el partido

Tras el anuncio de Rodríguez, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, indicó que ha tomado la decisión correcta «ante la alarma social» generada, aunque volvió a defender su honorabilidad. El también líder del PSPV-PSOE, quien durante este fin de semana ha mantenido conversaciones con el hasta ahora presidente de la diputación en las que le ha asegurado que todo era legal, no ha valorado la rebelión de algunas comarcas socialistas por lo que creen una medida precipitada por una operación desproporcionada. «Entiendo un sentimiento de cierta indignación, pero nunca criticaré ni a la justicia ni a la Policía», señaló.

Junto a Rodríguez, hay por el momento cinco imputados -también detenidos y puestos en libertad con cargos- en esta investigación por prevaricación y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal. Las sospechas se centrarían en siete nombramientos en Divalterra con contratos de personal de alta dirección en 2015 en los que se habría colocado a personas afines a Compromís y a los socialistas. El coste de cada uno era de 50. 000 euros anuales más gastos de desplazamiento, lo cual habría supuesto un perjuicio para las arcas públicas al no responder a una necesidad real. El origen fue una denuncia de los propios trabajadores. En ella, según la Cadena Ser, acusaban a Rodríguez de una purga por advertir de las irregularidades. .

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2018-7-3 09:43

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