La Justicia abre paso al «fracking» frente a la presión política y ecologista

La utilización del «fracking» para la extracción de hidrocarburos (gas o petróleo) —una técnica que consiste en la inyección de agua a alta presión en la roca para liberar el gas atrapado a unos tres mil metros de profundidad— ha encontrado un aliado inesperado en la Justicia.

Un gran apoyo para el Gobierno de Mariano Rajoy y para las empresas que quieren realizar esta actividad, frente a una doble presión. Por un lado, la que ejercen gobiernos autonómicos y locales, que han intentado legislar, en contra de la normativa estatal, poniendo obstáculos a esta técnica para la obtención de energía a menor precio y que permita una menor dependencia del exterior. Y por otro, la de los ecologistas, que denuncian los perjuicios que, a su juicio, tiene para el medio ambiente. En su lucha, han recurrido los permisos de investigación que se han concedido a algunas empresas.

A las sentencias del Tribunal Constitucional, que desde 2014 viene dando la razón al Ejecutivo en sus cuatro recursos contra algunas leyes autonómicas (Cantabria, La Rioja, Navarra y Cataluña, y pendiente de resolver el del País Vasco) que ponían trabas a esta técnica; se unen cuatro novedosas sentencias del Tribunal Supremo de abril y mayo que apoyan a la sociedad Frontera Energy S. L.

En relación al Ejecutivo, éste endureció las exigencias técnicas y medioambientales para la práctica del «fracking», en un intento de garantizar la seguridad de las personas y del medio ambiente. Para ello, en 2013 modificó la Ley de Evaluación Ambiental con el objetivo de exigir un estudio de impacto ambiental en el proyecto definitivo. Un estudio que no es necesario en la fase de investigación del terreno en la que solo se trata de sondear las condiciones del mismo y constatar que hay gas o petroleo en el subsuelo y así poder iniciar las prospecciones. Igualmente, en 2014 modificó la Ley de Hidrocarburos que, entre otras, adoptó medidas tributarias en materia de exploración y producción de hidrocarburos para que las rentas económicas derivadas de estos yacimientos reviertan en la sociedad.

Competencia estatal

Una vez aprobada esta normativa estatal, diferentes gobiernos autonómicos comenzaron a legislar en un sentido diferente para prohibir el «fracking» y el Tribunal Constitucional anuló todas las leyes al advertir de que es una competencia estatal.

En el caso de esta empresa fueron siete ayuntamientos y dos organizaciones ecologistas de Guadalajara y Soria los que plantearon dos recursos contra este permiso de investigación. En el procedimiento judicial alegaban una supuesta falta de una evaluación de impacto ambiental y otras medidas de protección. En la defensa realizada por el despacho R. Alarcón-Fontanilla, se puso de manifiesto que «las medidas de protección medioambiental incorporadas a los permisos de investigación son los adecuados». Además, recordaron que la evaluación de impacto ambiental no es necesaria en la fase inicial, solo cuando ya se plantera un proyecto en firme.

Una doble vía jurídica que abre camino a una práctica que, a diferencia de España, sí se está llevando a cabo en otros países como Estados Unidos, Italia, Chipre o Noruega, con el objetivo de buscar su riqueza energética en el subsuelo y evitar así tener una menor dependencian del exterior.

Las trabas al «fracking» ya están teniendo sus primeras consecuencias en las empresas que a veces abandonan sus proyectos, por la demora de los procesos judiciales o por la presión política. Aunque el perjuicio económico es difícil de cuantificar, consultores del sector cifran en más de mil millones de euros la inversión que está paralizada en España. «Aquí lo tienen todo en contra y las empresas se aburren», subrayan los expertos, que denuncian el «ambiente hostil».

«Atascando expedientes»

Desde el Gobierno advierten de que algunas autonomías —a las que les corresponde otorgar los permisos de investigación cuando el proyecto solo afecta a una región, si afecta a varias es competencia del Ministerio de Industria— «están atascando los expedientes. En España tenemos una oposición muy fuerte de ayuntamientos y comunidades, sin distinción ideológica. Todo el mundo quiere gasolina barata, pero no quiere que España busque petróleo. Esto no se sostiene». En este sentido, las fuentes gubernamentales confirman que «precisamente por la oposición política los expedientes están yendo muy lentos. En algunos casos las empresas han renunciado a sus permisos, en otros están agotando los plazos a ver si se despeja el panorama». .

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2016-5-30 02:43