A la oposición no le cuadran las cuentas que hizo Sabanés para pagar 10,5 millones por Bicimad

A la oposición municipal de PP, PSOE y Ciudadanos no le salen los números respecto al precio abonado por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) a Bonopark para obtener la cesión del contrato del servicio Bicimad dado que tanto las estaciones como las bicicletas de alquiler funcionaban mal.

Esa es la conclusión extraída por la edil el PSOE, Mercedes González, de la cuarta sesión de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid que se ha celebrado esta mañana en la Plaza de la Villa para dilucidar si hubo irregularidades en la operación.

En declaraciones a los periodistas al término de la comisión, ha defendido que Bonopark «era una empresa fallida, que no funcionaba, pero rescatamos el servicio y

nos hemos quedado con una empresa pantalla de Bonopark

, Booster Bikes», ha dicho en referencia al socio de la anterior concesionaria, que presta el servicio de mantenimiento y asesoramiento tecnológico al sistema, cuya patente posee.

Pacto en secreto

La socialista ha añadido que se ha subrogado en la EMT a quien fuese apoderada de ambas compañías, Bonopark y Booster Bikes, lo que marca el camino de la comisión. Por su parte, el portavoz del PP en la comisión, Álvaro González ha defendido que los 10,5 millones eran un «precio prefijado» porque estaban contenidos en una propuesta de la EMT de febrero de 2016 y coinciden con lo abonado finalmente.

«Esos 10,5 millones han sido fijados en el mes de febrero por el gerente de la EMT cuando no tenía valoración de inventarios, ni de bicis, ni de estaciones, ni de los otros bienes que se quedaba la EMT», ha denunciado González, que cree que el Gobierno quería pagar 10,5 euros y dar «contratos dirigidos» a Bonopark.

Además, los populares han criticado que la EMT estuviese negociando con Bonopark desde octubre de 2015, un año antes de que se cediese el contrato, sin informar de ello al Consejo de Administración, un diálogo que también ha sido criticado por el concejal de Ciudadanos, Sergio Brabezo, que cree que en ese período la concesionaria pudo hinchar el precio.

«No valía 10,5 millones de euros, la tecnología que hemos comprado era completamente deficitaria. EMT ha tenido que cambiar absolutamente todo. Esos 10,5 millones de euros no esta justificado, el Gobierno tiene que decir de dónde salen esos números», ha añadido el edil de Ciudadanos.

La alternativa no convencía

En cambio, la portavoz del Gobierno de Ahora Madrid en la comisión, Esther Gómez, ha asegurado que las negociaciones comenzaron en febrero de 2016 y que en octubre de 2015 se empezaron a estudiar las posibles alternativas a un servicio que «no estaba funcionando».

Además, ha defendido que la propuesta de 10,5 millones hecha en febrero era producto de un «cálculo que se hizo teniendo en cuenta las cuentas auditadas y el valor contable de la empresa», una fórmula «conservadora» para alcanzar un precio que luego se ratificó cuando, al firmar el preacuerdo, Bonopark permitió acceder a sus datos.

Entonces se pudo comprobar «si ese preacuerdo es correcto o no, si no nunca se hubiera podido firmar un contrato de cesión, si se hubiera visto que el preacuerdo de 10,5 millones no estaba justificado porque se hubieran encontrad valores inferiores», ha explicado la edil.

El Gobierno de Manuela Carmena ha defendido que la fórmula de cesión del contrato era la mejor solución para «sacar adelante el servicio y darle continuidad».

Según han explicado el director de Servicios de Movilidad de la EMT, Isidro García Uceda y el director de Tecnología, Enrique Diego Bernardo, el coste de buscar una alternativa a la patente cautiva de Bonopark era de 5 millones de euros y suponía mantener parado el servicio de alquiler de bicicletas durante varios meses. .

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2018-6-22 18:43

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