Sanidad universal: una asistencia que nunca llegó a desmantelarse

Una de las primeras medidas anunciadas por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha sido su intención de recuperar la sanidad universal. Teóricamente, ello supone la concesión, sin cortapisas, de la tarjera sanitaria a todos los ciudadanos irregulares; y la eliminación del copago en la compra de medicamentos.

Dos medidas que aplicó el Ejecutivo de Mariano Rajoy, a través de un Real Decreto de racionalización del gasto, aprobado en 2012, para intentar frenar el agujero de 16. 000 millones que había heredado de su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero.

Sin embargo, la verdad es muy distinta y el anuncio tiene más de efecto propagandístico que de realidad, sobre todo en lo que se refiere a la tarjeta sanitaria. La cifra, muchas veces repetida, de que más de 800. 000 inmigrantes irregulares se quedaron sin la cobertura total –solo se atendían urgencias, niños y embarazadas–, no es real. A día de hoy, más de 35. 000 recuperaron su derecho sanitario.

Como admitió la ministra de Sanidad, Carmen Montón, todas las comunidades sortearon esta medida de Rajoy y, a través de órdenes, instrucciones, resoluciones, e incluso leyes –muchas recurridas ante los tribunales con sentencias a favor del Gobierno del PP– garantizaron la atención sanitaria. Además, entre estas ochocientas mil personas, no solo había inmigrantes irregulares, sino que se llevó a cabo una «depuración masiva» del censo. Se hizo un ajuste de nacimientos y muertes, se eliminó el fraude de pensionistas que, aún trabajando, tenían tarjeta en la que figuraban como jubilados. También se sacaron a ciudadanos europeos que vineron a pasar unos días a España, consiguieron su tarjeta, después regresaron a su país, donde se operaban, y pasaban la factura a España. Un descontrol en el que se puso orden.

La asistencia solo se facilitaba en un ámbito regional, a través de una tarjeta identificativa, que no era válida en el resto de España, y mucho menos en el extranjero. El Ministerio de Sanidad creó un registro, denominado T-85, para tener un control sobre estas tarjetas, a pesar de que algunas comunidades, como Andalucía, no facilitaron nunca los datos. Más de 35. 000 personas están inscritas en él, según las fuentes consultadas por ABC.

Esta es la situación de la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares en algunas comunidades españolas.

Andalucía

En 2013, una instrucción de la Junta reconocía el derecho a la asistencia sanitaria de las personas irregulares y sin recursos. Además, elaboró una ley de garantías y sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, impugnada por el Gobierno. Desde la entrada en vigor de la nueva normativa, han reconocido la asistencia sanitaria a 110. 000 personas. Hace dos años, el número de inmigrantes con documento sanitario temporal ascendía a 27. 000, informa Javier López.

Castilla-La Mancha

En 2016, una orden de la Consejería de Sanidad facilitaba el acceso a la atención sanitaria. Fue impugnada por parte del Ministerio. Desde que entró en vigor, en esta región se han expedido un total de 4. 938 tarjetas sanitarias, informa Manuel Cebrián.

Galicia

Galicia no dio la tarjeta sanitaria, sino que activó, de manera pionera en España, un Programa de Protección Social de Salud Pública para la población adulta, otro de atención a menores extranjeros en situación administrativa y un tercero de vigilancia epidemiológica. Al actuar a través de un programa, y no de una ley, permitió que no fuera impugnada. Desde la aprobación del Real Decreto del Gobierno, limitando la sanidad universal, Galicia ha dado cobertura a 4. 550 personas, informa José Luis Jiménez.

Castilla y León

Los 14. 994 inmigrantes irregulares fueron dados de baja por el Instituto Nacional de Seguridad Social. La Comunidad los mantuvo en su base de datos para seguir atendiéndolos. De esta cifra, 4. 584 siguen en situación irregular, 4. 500 han sidos regularizados y tienen tarjeta, y 5. 900 han abandonado la región. La Consejería de Sanidad ha atendido a todos los inmigrantes, aunque no tuvieran tarjeta. El pasado mes de junio aprobó un programa asistencial para la población extranjera irregular, informa Miriam Antolín.

Navarra

En febrero de 2013, el Parlamento de Navarra aprobó una Ley Foral con la que pretendía garantizar la asistencia sanitaria a toda persona en situación irregular. El Tribunal Constitucional lo anuló. Antes, en 2012, aprobó un decreto que también fue recurrido. En 2015 atendía a 2. 688 personas, informa Pablo Ojer.

Valencia

El Gobierno aprobó un decreto ley en julio de 2015, siendo consejera de Sanidad la actual ministra, Carmen Montón, para restituir la atención a los inmigrantes. El Tribunal Constitucional lo anuló. Mantiene la prestación aferrándose a una «instrucción previa». De los 127. 000 inmigrantes que se quedaron sin tarjeta, la han recobrado 23. 189, informa Alberto Caparrós.

Baleares

De los 19. 856 inmigrantes que perdieron su tarjeta, la han recuperado 13. 500. En julio de 2015 aprobaron una instrucción para dar la tarjeta a los inmigrantes, recurrida por el Gobierno, informa Josep María Aguiló.

Cataluña

La Generalitat aprobó, en 2012 y 2015, dos instrucciones para dar asistencia sanitaria a inmigrantes. En 2017, una ley garantizó cobertura integral al colectivo. En junio, la anuló el TSJC. Cataluña ha asistido a 130. 000 personas cada año, informa Esther Armora. .

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2018-7-9 07:51

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