Tres juicios para la Historia

En su libro Técnica de un golpe de Estado, Martín Prieto cuenta como un alto cargo se le acercó en el juicio del 23-F, le tomó del brazo y le susurró al oído: «Si este país ha podido aguantar a estos generales, es que lo aguanta todo».

Si este país aguanta el juicio contra los líderes del procés, el sistema democrático también saldrá fortalecido porque las defensas van a intentar deslegitimar el Estado de Derecho. Es la misma estrategia que la de los abogados de los generales y oficiales que estaban detrás del 23-F.

Aquel juicio de Campamento, el que sentó en el banquillo a los islamistas del 11-M y el que se inicia el próximo martes en el Supremo son sin duda los tres grandes procesos desde la Transición. Salvadas las inevitables distancias, en éste también se van a cuestionar la separación de los poderes del Estado y la independencia de los tribunales. Por eso es tan importante el desarrollo del procedimiento.

El juicio del 23-F

Cuando los militares que secundaron la iniciativa de Tejero fueron acusados, muchos dudaron de que la incipiente democracia pudiera castigar a generales como Milans del Bosch, Armada y Torres Rojas. No faltaron quienes pronosticaron un fallo comprensivo con los impulsores del 23-F, como había sucedido en el juicio de la Operación Galaxia.

Tejero e Ynestrillas fueron juzgados en 1980 por un consejo de guerra, que les condenó a penas simbólicas a pesar de existir serias evidencias que habían participado en los preparativos de un golpe contra el Gobierno de Suárez. Tejero fue condenado a siete meses y se reintegró al Ejército porque los jueces asumieron el razonamiento de que la intentona había sido «una charla de café».

Tras la exculpación de los militares de bajo nivel, los cabecillas del 23-F se sentaron en el banquillo en febrero de 1982 ante un tribunal presidido por el teniente general Luis Álvarez Rodríguez. El proceso duró tres meses y concluyó con la sentencia que condenaba a Milans y a Tejero a 30 años por un delito de rebelión. A Armada, Torres Rojas y Pardo Zancada a seis años. El Supremo revisó posteriormente el fallo, imponiendo al general Armada una pena de 30 años de prisión como organizador del golpe. Durante todo el proceso, los acusados mantuvieron una actitud intimidatoria ante el tribunal.

Los acusados nunca reconocieron su responsabilidad en el golpe. Por el contrario, se presentaron como unos patriotas que habían intentado salvar a España del caos político, la amenaza de ETA y la desintegración territorial. Milans aseguró que había tomado la ciudad de Valencia con sus tanques para garantizar que no hubiera altercados violentos. Y Armada insistió en que había acudido al Congreso para convencer a Tejero de que liberara a los diputados a cambio de que quedarán eximidos de responsabilidad penal los militares con rango inferior a teniente.

Durante el juicio, se vertieron graves insidias contra los generales Quintana Lacaci, capitán general de Madrid, y Gabeiras, jefe del Estado Mayor, que desde el primer momento se habían puesto del lado de la defensa del orden constitucional.

El proceso terminó con serias dudas sobre la extensión e implicaciones del golpe, de suerte que el tribunal no pudo o no quiso aclarar quien era esa «autoridad competente» que tenía que presentarse en el Congreso a la que se refirió Tejero. ¿Era el general Armada el llamado Elefante Blanco? La mayoría de los que siguieron el juicio y muchos historiadores están convencidos de que sí.

Muchos demócratas quedaron frustrados por la sentencia del tribunal, pero lo cierto es que, a pesar de que todavía existe documentación clasificada y no se investigaron a fondo las complicidades, los responsables del golpe fueron castigados y separados del Ejército. El proceso sirvió de vacuna contra intentonas posteriores.

El 11-M: 193 víctimas

Un cuarto de siglo después, la democracia volvió a superar otra prueba con el juicio contra los autores de los atentados del 11-M en 2004, que provocaron 193 víctimas mortales. La relevancia política de esta brutal acción criminal reside en que se produjo cuatro días antes de las elecciones generales en las que se enfrentaban Rajoy y Zapatero.

Los planificadores del 11-M sabían lo que hacían porque la masacre influyó en la victoria del candidato socialista, que en las últimas encuestas iba por detrás de Rajoy. La gente fue a votar en un clima de shock. Muchos ciudadanos estaban convencidos de que los atentados eran una represalia de Al Qaeda por el apoyo de Aznar a la intervención en Irak.

La instrucción del juez Del Olmo fue muy polémica, ya que desde el comienzo asumió la tesis de la Fiscalía, que postulaba que el comando islamista que había puesto las bombas había actuado siguiendo el plan de líderes radicales como El Egipcio, al que presentaron como una especie de genio del mal. En el juicio, celebrado en 2007, se demostró que este islamista era un perturbado mental que decía en una comunicación interceptada que poseía un secador para destruir el mundo. Fue absuelto.

Gómez Bermúdez era el presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó a los islamistas y a sus cómplices asturianos en la Casa de Campo en un macroproceso que duró más de cuatro meses y que fue televisado en directo.

Las tesis del instructor y de la Fiscalía fueron cuestionadas por las defensas de los 29 procesados, que plantearon contradicciones que no quedaron resueltas en la sentencia. Por ejemplo, no resultó suficiente acreditada la naturaleza de los explosivos, clave para determinar la autoría. Todavía no sabemos si los autores de la masacre utilizaron Goma Dos Eco o Titadine. La fiscal Olga Sánchez llegó a afirmar que daba igual una u otra hipótesis: «¡Vale ya!».

Algunos de los acusados como Yusef Belhadj y Hassan Haski fueron condenados por cooperación con banda terrorista, en clara contradicción con las acusaciones de la Fiscalía que no pudo demostrar su implicación en los hechos. El sumario 20/04, que constaba de 241 tomos, acabó con la condena a más de 40. 000 años de cárcel a tres personas: Jamal Zougam, Emilio Suárez Trashorras y Otman El Gnaoui al considerar que habían participado directamente en los atentados o habían colaborado en el robo y transporte de las bombas desde Mina Conchita.

No se sentaron en el banquillo los miembros del comando de Leganés, entre los que se encontraban El Chino y El Tunecino, porque, un mes después de la masacre, se habían suicidado en un piso de la localidad madrileña tras ser acorralados por la Policía. Su muerte impidió esclarecer aspectos sustanciales del 11-M.

El «procés»

El juicio del 11-M tuvo una complejidad técnica muy superior a la causa contra los independentistas catalanes. En este proceso, los hechos están muy claros porque se desarrollaron a la vista de millones de ciudadanos. Lo que falta por dilucidar es su calificación jurídica.

La Fiscalía sostiene que Junqueras y el resto de los independentistas organizaron una consulta ilegal, desobedecieron al Constitucional, declararon de forma unilateral la independencia e impulsaron una serie de acciones para romper el orden legal en Cataluña. Y lo hicieron premeditada y coactivamente, incurriendo en un delito de rebelión.

Enfrente tendrán a los abogados de los acusados que van a argumentar que sus clientes actuaron con un talante democrático, obedeciendo un mandato del Parlamento catalán y sin ánimo de vulnerar la Constitución. Intentarán cuestionar la calidad de las instituciones, insistirán en que no existe separación de poderes y defenderán la tesis de que ellos son las víctimas de un proceso político. Antes del verano, sabremos si los jueces avalan esta inverosímil versión. .

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2019-2-10 05:02